Columna de opinión en la que participaron nuestras colegas Karla Astorga y Katherine Silva

Enfrentar la sequía con una regadera: carretera hídrica, riesgos sistémicos y desafíos de política pública

 

En Chile, en el último tiempo, se ha ido consolidando la discusión en torno a la posibilidad de construir una “carretera hídrica” que trasvase agua entre cuencas donantes y receptoras, aprovechando los supuestos ‘excesos’ hídricos de las primeras para suplir los ‘déficit’ de las segundas. Ya hay por lo menos dos solicitudes ingresadas a la Dirección de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas[1] que buscan que la construcción de carreteras hídricas se declare de “interés público”, lo que abriría la puerta a la licitación de proyectos específicos en la materia: la iniciativa «Reguemos Chile” del presidente de la CPC Juan Sutil, y el proyecto “Vía Marina” de Félix Bogliolo.

Asimismo, CORFO/U. de Chile han avanzado en una evaluación de prefactibilidad respecto de este tipo de infraestructuras. Este tipo de iniciativas fueron mencionadas también en propuestas de la Fundación Chile y por la Encuesta Nacional del Agua. Por todo esto, la carretera hídrica es y será un tema contingente y recurrente en discusiones de política pública asociadas a la gestión y gobernanza de los recursos hídricos.

Bajo la premisa de que el agua dulce que llega al mar se pierde, los principales argumentos en apoyo de la carretera hídrica enfatizan su potencial para: i) ayudar a posicionar al país como potencia agroalimentaria al adicionar nueva superficie agrícola regable; ii) hacer frente a escenarios de escasez hídrica en un contexto de cambio climático; o iii) incrementar la seguridad hídrica de las regiones semiáridas del país expuestas a grandes fluctuaciones de disponibilidad de agua, entre otras.

Por otra parte, agrupaciones medioambientales, comunidades locales y centros académico (como el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, del Centro de Ciencias Ambientales EULA-Chile, del Instituto de Ecología y Biodiversidad, y de la Fundación Terram, entre otros) han advertido sobre los costos ambientales que genera la construcción de este tipo de proyectos[2]. Se citan, por ejemplo, la disrupción del transporte de nutrientes y materia orgánica hacia ecosistemas costeros afectando su productividad; transporte de elementos tóxicos que pueden afectar los procesos ecológicos de las cuencas receptoras; disminución de capacidad de dilución de cuencas donantes (Masotti et al., 2018; Vargas et al., 2020). Otros atacan más profundamente la lógica de un modelo de gestión del agua basado en la oferta -es decir, centrado en incrementar la disponibilidad de agua frente a aumentos en la demanda en lugar que adaptar dicha demanda al agua efectivamente disponible -modelo que tiende a producir potenciales escenarios de escasez hídrica cuando la nueva oferta hídrica no satisface a las nuevas demandas- (Budds, 2020; Oppliger et al., 2019).

Un aspecto a menudo ignorado por los diagnósticos habituales refiere a los posibles riesgos sistémicos asociados a este tipo de proyectos, es decir, su potencial para producir una serie de efectos en cadena que pondrían en amenaza e incluso en colapso a diversos sistemas que se encuentran acoplados dentro de una cuenca (económicos, sociales, políticos, ambientales, culturales), constituyendo, por tanto, un desafío relevante en términos de políticas públicas.

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